"Entonces, ¿puedo seguir viviendo?"

Acabo de hablar con una amiga. Su madre, de 91 años, estaba en lo que le habían dicho que era ya un estado terminal, y me ha contado una historia de terror. Le he pedido que me permita reproducirla, aunque me ha pedido que no dé sus nombres ni dónde viven, sólo diré que se trata de una población muy cercana a Valencia. La historia no es seguramente exacta en los detalles, no he tomado notas y lo estoy reproduciendo de memoria, pero sé que es bastante exacta en términos generales, en el fondo de la historia.

Lo cierto es que su madre es muy mayor, pero es una persona, y tiene los mismos derechos que cualquier otra, independientemente de su edad. Pero eso no parece contar para los hasta tres médicos que la atendieron después de la pobre abuela sufriera un desvanecimiento, en lo que parecía una crisis cardíaca. Llaman a la ambulancia, a emergencias, y el médico que la atiende la estabiliza y le recomienda que la lleve al médico de cabecera, pero le dice que su madre está muy mayor y que eso son síntomas de que está en las últimas. La visita al médico de cabecera no mejora el pronóstico: sin más análisis, sin hacerle prueba alguna, determina que la señora está muy mayor y que está en las últimas, que no vale la pena ingresarla, que, para lo que le queda, mejor que muera en su casa.

Y es mientras está en su casa cuando le sobreviene otro desvanecimiento, al parecer por una bajada brusca de tensión. Otro médico de emergencias que la atiende y que le dice que son signos de una muerte cercana. Esta vez su hija, mi amiga, no la lleva al médico de cabecera, que ya la ha, prácticamente, desahuciado. Se la lleva al servicio de urgencias de un hospital. Allí, a pesar de las molestias que supone tener que hacer colas de 4 ó 5 horas para que te puedan atender, la atienden y le hacen las pruebas que debería haber pedido el médico de cabecera, tras las que le detectan que lo que había detrás de todo el cuadro de desvanecimientos era una simple infección de orina.

La abuela, que mantiene la lucidez y buena parte de la movilidad y de su independencia, sabía lo que habían dicho el resto de médicos y la "esperanza de vida" que le daban, con lo que al conocer el diagnóstico de infección de orina, le ha preguntado al médico de urgencias del hospital (a mi amiga se le saltaban las lágrimas mientras me lo decía): "Entonces, ¿puedo seguir viviendo?" "Naturalmente, señora"

Ahora, mi amiga se está pensando seriamente en poner una queja contra los médicos que por desidia, por dejadez, por prepotencia o por el motivo que sea, han obviado pruebas sencillas que hubiesen revelado la dolencia y han desahuciado a su madre, negándole la asistencia básica a la que tiene derecho. Me ha dicho que incluso si fuera cierto que se está muriendo, los médicos deberían proporcionarle no sólo salud dentro de las posibilidades, sino también la mejor calidad de vida posible.

Manifiesto 'En defensa de los derechos fundamentales en Internet'

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.